La educación para todos, como su nombre lo
sugiere, se propone asegurar el acceso a una educación básica para todas las
personas, ésta no debe verse como el privilegio de unos pocos sino como un
derecho. Durante la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (EPT)
realizada en Jomtien, Tailandia, en el año 1990, se planteó una panorámica
preocupante sobre el estado mundial de la educación básica.
En el seno de este foro se crea la
Comisión Interagencial (1990) aduciendo que las políticas existentes en muchos
países en vías de desarrollo limitaban o impedían el acceso a la educación. La
conferencia concluyó según la OREALC/UNESCO (2004) que extender las
oportunidades básicas para todos los estudiantes era una cuestión de derecho,
que plantea más que un nuevo compromiso con la educación tal como existe hoy.
Lo que se requiere es una “visión
ampliada” que vaya más allá de los actuales niveles de recursos, de las
estructuras institucionales, de los currículos y de los sistemas convencionales
de enseñanza, y al mismo tiempo construir sobre lo mejor de las prácticas
actuales (artículo 2.1, Conferencia Mundial sobre Educación para Todos,
Jomtien, 1990). En el mencionado Foro se prestó especial atención a los
procesos de exclusión experimentados por los grupos en desventaja y se pidió
una acción positiva para superarlos.
Se necesita entonces, identificar las
barreras que algunos grupos encuentran cuando intentan acceder a las
oportunidades educativas, así como los recursos disponibles, tanto a nivel
nacional como de la comunidad y ponerlos en acción para superar dichos
obstáculos.
Como una extensión de la Conferencia de
Jomtien y para promover el objetivo de una educación para todas las personas,
la UNESCO emite su declaración en 1994. Sin embargo, a pesar de que las
necesidades educativas especiales fueron el foco principal de esta conferencia,
tanto ésta como su antecesora de Tailandia, se enfrentó con el hecho de que la
educación para todas las personas no era una realidad. Surge en esta
Conferencia el mayor ímpetu para el enfoque de Educación Inclusiva, donde se
visualizara la diferencia como algo normal y que se intentara desarrollar
sistemas educativos que fueran capaces de responder efectivamente a la
diversidad (OREALC/UNESCO, 2004).
La educación como derecho humano
fundamental se reafirmó en el Foro Mundial sobre Educación celebrado en Dakar y
se agrega en el Informe de la Comisión Internacional sobre construyendo un
concepto de educación inclusiva: una experiencia compartida 19 Educación para
el siglo XXI que (…) “este derecho constituye un medio indispensable para una
participación efectiva en las sociedades y en las economías del siglo XXI, que
se ven afectadas por una rápida globalización” (Foro Mundial sobre Educación,
2000, par. 6).
Para lograr una educación para todas las
personas se hace necesaria una profunda reestructuración y creación de nuevas
políticas educativas para incluir al individuo en una nueva sociedad, con una
cultura propia, dando sentido a la vida cotidiana y optando por una mejor
calidad de vida.
Consecuentemente con la necesidad de crear
nuevas políticas educativas para alcanzar las metas de una Educación para
Todos, se planteó el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el
Caribe (PRELAC) 2002-2017, foro que se celebró en el año 2002 en La Habana,
Cuba y que cubriría un lapso de 15 años.
En el mencionado foro, se reseñan las
dificultades halladas por los distintos países participantes de satisfacer el
imperativo de una Educación Inclusiva propuesta en las anteriores instancias al
PRELAC. Las condiciones propias de cada país, entre ellas sus recursos,
Gobiernos, historias y culturas, acentúan un camino incierto para el logro de
dichas políticas educativas y con ello, el avance requerido.
No obstante la panorámica expuesta,
en la Declaración de Buenos Aires, los ministros de educación de América Latina
y el Caribe, convocados por la UNESCO a la segunda reunión intergubernamental
del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC II
), realizada durante los días 29 y 30 de marzo de 2007, ratificaron la
necesidad de intensificar los esfuerzos para lograr una educación de calidad
para todos, entendida como un bien público y un derecho humano fundamental y
una responsabilidad del conjunto de la sociedad.
Por ello, luego de conocer los
informes y a partir de los debates mantenidos en esta reunión, se declaró entre
otros puntos los siguientes:
Punto 2. Que nos comprometemos a velar por
que el Estado sea el garante y regulador del derecho a una educación de calidad
para todos, promoviendo consensos nacionales por la educación, formulando
políticas con visión de largo plazo y con participación social, asegurando una
oferta educativa plural y democrática, y mejorando la calidad de la educación
pública, dado el rol que juega en la reducción de las desigualdades y en el
fortalecimiento de la cohesión social.
Punto 3. Que es urgente avanzar hacia
sistemas y centros educativos más inclusivos, formulando estrategias que
contribuyan a romper el circuito de reproducción de la pobreza y la exclusión
social. Para ello es necesario el desarrollo de políticas intersectoriales que
enfrenten las causas que generan desigualdad dentro y fuera de los sistemas
educativos.
Punto 4. Que es necesario incrementar los
recursos financieros destinados a la educación así como su distribución y
gestión con criterios de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Para
ello reconocemos la importancia de promover consensos nacionales a favor de un
mayor financiamiento y su sustentabilidad en el mediano y largo plazo.
Asimismo, convocamos a que este esfuerzo financiero público sea acompañado por
el esfuerzo internacional a través, por ejemplo, de programas de canje de deuda
por inversión en educación, en los países que lo estimen conveniente.
Está por demás reconocer que para lograr
la difícil tarea de llevar a la práctica una Educación Inclusiva y hacer
realidad una “escuela para todas las personas”, que garantice la igualdad de
oportunidades, la equidad y el respeto a la diversidad, se requiere en
definitiva, la implementación del paradigma de Educación Inclusiva mediante el
compromiso político, económico y social entre otros, eliminando todo tipo de
barreras y exaltando la identidad, la persona y la cultura.
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