La política nacional del Ministerio de Educación
sobre convivencia escolar,
es considerada un instrumento relevante para la formación integral de niños, niñas y jóvenes. En este sentido,
un instrumento relevante para el éxito y logro de la finalidad de la educación:
“Alcanzar (en los/as
estudiantes) su desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la
transmisión de valores, conocimientos y destrezas… (enmarcados) en el respeto y valoración de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de
la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma
responsable, tolerante, solidaria y democrática y activa en la comunidad, y
para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. (Artículo 2, Ley General de
Educación).
La política nacional sobre convivencia escolar, se
sanciona y publica el año 2002, y a partir del año 2008 experimenta un proceso
de actualización sobre la base de estudios e investigaciones que evalúan
críticamente la implementación desarrollada, hasta ese momento, en escuelas y
liceos.
Fundamentalmente, el Ministerio de Educación constata
que la convivencia escolar no se ha implementado como un eje central del
proyecto educativo institucional de los establecimientos y, por tanto, no existente apropiación de su
sentido por parte de la comunidad educativa.
Al contrario, la convivencia escolar ha sido un proceso descontinuado en el tiempo, descontextualizado de la gestión integral del establecimiento y reducido exclusivamente a la dimensión normativa de resolución de conflictos (sin sentido formativo/pedagógico ni con participación de la comunidad). Esto, con efectos negativos en niños, niñas y jóvenes, dado que los estudios e investigaciones dan cuenta del temor o apatía de la comunidad educativa por enfrentar situaciones de conflicto mediante el diálogo o debate (bases de la democracia).
Al contrario, la convivencia escolar ha sido un proceso descontinuado en el tiempo, descontextualizado de la gestión integral del establecimiento y reducido exclusivamente a la dimensión normativa de resolución de conflictos (sin sentido formativo/pedagógico ni con participación de la comunidad). Esto, con efectos negativos en niños, niñas y jóvenes, dado que los estudios e investigaciones dan cuenta del temor o apatía de la comunidad educativa por enfrentar situaciones de conflicto mediante el diálogo o debate (bases de la democracia).
La evidencia científica nacional e internacional,
señala que la sola existencia y aplicación de reglamentos de convivencia
escolar (cuyas normas y sanciones son conocidas por la comunidad), no alcanzan
a desacelerar el deterioro de la convivencia en los establecimientos. Al
contrario, las experiencias exitosas señalan que las acciones pedagógicas
orientadas al interior del aula y fuera de
ella (con participación de la comunidad), son más permanentes y
efectivas en el tiempo.
Los énfasis actuales de la política nacional de
convivencia escolar, apuestan por un enfoque formativo y medidas pedagógicas para
el abordaje del proceso. Un desarrollo sustentado en la capacidad de las
personas, reconociendo sus fortalezas (y no sólo sus debilidades) y
considerando el contexto familiar y social de niños, niñas y jóvenes, y la
propia dinámica de la comunidad escolar.
[1] MINEDUC (2011): “Política Nacional de Convivencia
Escolar”. Unidad de Transversalidad Educativa, División de Educación General,
Ministerio de Educación, Chile.
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